La justicia ambiental se ha consolidado en los últimos años como un concepto esencial para comprender cómo las ciudades distribuyen de manera desigual los beneficios ambientales entre sus habitantes. En un escenario marcado por el cambio climático, el aumento de las temperaturas y la pérdida de confort térmico en los entornos urbanos, el arbolado urbano adquiere un papel estratégico como infraestructura verde capaz de mejorar la calidad del aire, reducir el efecto isla de calor, favorecer la biodiversidad y contribuir directamente a la salud y al bienestar social. Sin embargo, diversas investigaciones científicas advierten de que estos beneficios no llegan por igual a todos los barrios ni a todos los colectivos sociales.
Estudios recientes desarrollados por los investigadores de la Universidad de Málaga Ángel Enrique Salvo Tierra, Ángel Ruiz Valero y Jaime Pereña Ortiz han analizado la distribución del arbolado urbano en ciudades mediterráneas como Málaga y Sevilla, poniendo de manifiesto que existen importantes desequilibrios asociados a factores demográficos y socioeconómicos. Sus trabajos revelan que determinados barrios, especialmente aquellos más vulnerables o con mayores densidades de población, presentan una menor cobertura arbórea y, por tanto, una mayor exposición al calor urbano y al deterioro ambiental. Como señala Ángel Enrique Salvo Tierra, “los árboles no tienen conciencia social, pero su distribución revela las prioridades y carencias de la ciudad”, evidenciando que el acceso a los servicios ecosistémicos urbanos no siempre responde a criterios de equidad.
La investigación también demuestra que cada ciudad presenta patrones propios de desigualdad ambiental. Mientras en Sevilla las diferencias se relacionan principalmente con la edad de la población, en Málaga aparecen más vinculadas a factores étnicos y socioeconómicos. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de incorporar análisis espaciales rigurosos en la planificación urbana, evitando decisiones basadas únicamente en criterios estéticos o cuantitativos y priorizando aquellas zonas donde el arbolado puede actuar como herramienta de adaptación climática y cohesión social.
En este contexto, la justicia ambiental plantea la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos tengan un acceso equitativo a la sombra, al confort climático, a la biodiversidad y a los beneficios que aportan las infraestructuras verdes urbanas. El reto no consiste únicamente en plantar más árboles, sino en planificar ciudades más equilibradas, resilientes y saludables, donde el verde urbano sea entendido como un derecho colectivo y una herramienta fundamental para avanzar hacia modelos urbanos más sostenibles y socialmente justos.
