La Universidad de Málaga alerta de desigualdades ambientales vinculadas al reparto de árboles. Expertos reclaman planificar el arbolado urbano con criterios de justicia ambiental.
Un estudio de la Universidad de Málaga, publicado en la revista Urban Science, revela que Málaga cuenta con menos árboles urbanos que Sevilla y obtiene menos beneficios ecosistémicos asociados al arbolado, como sombra, reducción de contaminantes, captura de CO₂ o mejora del confort térmico. La investigación, liderada por Ángel Ruiz-Valero, Ángel Enrique Salvo-Tierra y Jaime Pereña-Ortiz, destaca que el problema no es solo la cantidad de árboles, sino también la selección de especies. Málaga presenta una elevada presencia de palmeras, que aportan valor paisajístico pero generan pocos beneficios ambientales en comparación con árboles de gran copa.
El estudio también pone de manifiesto una desigual distribución del arbolado, ya que los barrios con mayor población inmigrante disponen de menos cobertura arbórea, mientras que en Sevilla las desigualdades afectan principalmente a los colectivos más vulnerables por edad. Los investigadores concluyen que la planificación del arbolado debe orientarse a corregir estas desigualdades para mejorar la salud, la resiliencia climática y la justicia ambiental en las ciudades.
Los árboles, una cuestión de justicia ambiental
La investigación demuestra que Málaga dispone de un número significativamente menor de árboles que Sevilla y que, además, una parte importante de su arbolado está compuesta por palmeras, especies que aportan valor ornamental pero generan escasos servicios ecosistémicos en comparación con árboles de gran copa. Esta situación reduce la capacidad de la ciudad para ofrecer sombra, mitigar el efecto isla de calor y mejorar las condiciones ambientales de sus calles.
Sin embargo, el aspecto más relevante del estudio es la constatación de que estos beneficios ambientales no se distribuyen de forma equitativa. En Málaga, los barrios con mayor presencia de población inmigrante cuentan con una menor dotación de arbolado, mientras que en Sevilla las desigualdades afectan principalmente a colectivos especialmente vulnerables, como las personas mayores y los niños pequeños. Los investigadores advierten de que, en un contexto de crisis climática y aumento de las temperaturas urbanas, esta situación agrava las condiciones de quienes ya presentan una mayor vulnerabilidad social o sanitaria.
El estudio refuerza así el concepto de justicia ambiental, entendido como el derecho de todos los ciudadanos a acceder de manera equitativa a los beneficios que proporciona el medio ambiente urbano. Los autores señalan que la planificación de nuevas plantaciones debe incorporar criterios de equidad social, priorizando aquellas zonas que presentan déficits de arbolado y mayores necesidades de adaptación climática. De este modo, los árboles dejan de ser un mero elemento decorativo para convertirse en una infraestructura esencial para la salud pública, la resiliencia urbana y la cohesión social.
Como destacan los investigadores, conocer dónde faltan árboles y qué colectivos reciben menos beneficios ecosistémicos permitirá diseñar ciudades más saludables, habitables y justas, donde la sombra, el confort térmico y la calidad ambiental no dependan del barrio en el que se vive, sino que sean un recurso accesible para toda la ciudadanía.
El trabajo concluye que los beneficios que proporcionan los árboles urbanos —sombra, reducción de la temperatura, mejora de la calidad del aire, captura de CO₂, disminución del ruido o aumento del bienestar físico y psicológico— no llegan por igual a todos los ciudadanos.
