Artículo publicado hoy en ABC
Polémica tala de palmeras en el Parlamento andaluz
El sector pide a la Junta de Andalucía una normativa de Paisajismo y habla de falta de control e intrusismo en la comunidad
Las catorce palmeras centenarias que flanquean la entrada del Parlamento andaluz tienen firmada su sentencia de muerte. La empresa que lleva el mantenimiento de la vegetación de la Cámara ha decidido que, debido al mal estado que presentan —huecos en el tronco, heridas, riesgo de caída de ramas—, deben ser taladas. El problema es que han crecido hasta los 35 metros y suponen un peligro, por lo que se van a sustiuir por otras ocho de menor tamaño.
Pero a las palmeras les ha salido un abogado defensor. La Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA) quiere que antes de desenfundar el hacha, se les justifique la decisión de la tala de las palmeras, que incluso aparecen en el logo del Parlamento de Andalucía. «Requerimos a la entidad responsable que nos informe del diagnóstico emitido por el cual se ha determinado tan compleja decisión», exigen.
Desde esta asociación aseguran que al tratarse el edificio del Parlamento de un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) que goza de especial protección, las palmeras tienen también que ser cuidadas igual. La tala de dichos árboles, entienden, «habrá sido debidamente justificado y documentado» y, para comprobarlo, han solicitado información al presidente de la Cámara.
Jardines fuera de la ley
Entre los principales escollos para este colectivo está el instrusismo, opina Baena:«Hay muchos profesionales cualificados compitiendo con trabajadores que no tienen ni formación ni experiencia». Y luego, razona, «pasa lo que pasa». La gerente de AMJA recuerda que recientemente murieron dos jardineros en Málaga. Uno electrocutado y el otro por un golpe de calor. Baena ve claro el motivo:«Falta de formación y precariedad».
Y tienen más quejas. «En Andalucía hay un grave problema con las podas. Se hace mal y sin saber y luego se caen las ramas», explican desde AMJA. La relevancia de este asunto es capital en ciudades como Sevilla, Córdoba o Granada, donde «el patrimonio vegetal es importantísimo».
Así, entienden, la nueva Ley de Paisajismo, «es necesaria». Con esta iniciativa se garantizaría, explican, no solo la formación y los estándares de calidad de quienes intervienen en las zonas verdes. Además, piden, debería incluírseles como fiscalizadores de los procesos de creación y mantenimiento de parques y jardines. «Así no habrían pasado cosas como la remodelación del paseo de Marqués de Contadero en Sevilla, donde no hay un solo árbol», dice Baena.
Para justificar esta aspiración, recuerdan que actualmente hay mucho que se hace mal. El uso de fitosanitarios, dice, sigue siendo excesivo, aún cuando la UE recomienda usar insectos para luchar contra las plagas y no productos químicos. Tampoco están de acuerdo con el uso de agua potable para riego:«Es un bien escaso».
Finalmente, reivindican mayor control en la concesión de las tareas de jardinería y paisajismo. «Las grandes empresas se llevan los contratos ofertando a la baja y subcontratan a las pequeñas, que tienen que asumir los precios bajos», explica Baena. ¿Y quién paga? «Por un lado las pymes, pero también el ciudadano, que se queda con obras de menos calidad».
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