“A quien le parece caro un profesional, no sabe lo que cuesta un incompetente” y en este caso la seguridad y la salud están en juego.
Es muy frecuente llamar a un jardinero para que mantenga nuestro jardín sin conocer si está o no cualificado para ello. No lo haríamos así con un electricista, un arquitecto, un cocinero o un médico. Sin embargo, nuestra salud y seguridad corren un gran riesgo aunque no lo detectemos de inmediato.
La jardinería es una profesión histórica que conlleva muchos conocimientos, disciplinas y formación continua y debe ser valorada por la administración y por la sociedad.
El sector del paisajismo y la jardinería es uno de los que ostenta mayor índice de intrusismo laboral y aun siendo este uno de los que más puestos de trabajo genera, éstos se ven en peligro por la competencia desleal. Según los últimos datos del INE, en España existen 14.700 empresas registradas de jardinería de las cuales 9.500 son empresas andaluzas que además crean muchos puestos de trabajo indirectos. Estas empresas invierten en infraestructuras y formación, emiten facturas, realizan contratos laborales según convenio y pagan impuestos (el 35% de los beneficios de un profesional revierten a la sociedad a través de los impuestos), pero sin embargo no pueden competir con aquellos que, sin tener estas obligaciones, trabajan de forma ilegal.
Los contratantes de trabajadores ilegales: particulares, comunidades de vecinos, hoteles y centros privados están cometiendo un delito al contratar a trabajadores ilegales, y lo que es más grave, están poniendo en peligro la salud y la seguridad de los usuarios de los jardines.
Según el Real Decreto 1311/2012 por el que se regula el Uso sostenible de Productos Fitosanitarios es necesario cumplir una serie de normativas para aplicar cualquier producto químico en zonas verdes y jardines y debe ser un profesional, acreditado como Asesor de Gestión Integral de Plagas, quien disponga la gestión de los tratamientos fitosanitarios en espacios verdes.
Por otro lado, la conservación del arbolado requiere conocimientos de especialistas, ya que de lo contrario pueden ocurrir accidentes a medio o largo plazo. Además, hay que tener en cuenta que los accidentes en jardinería son más frecuentes de lo que creemos y el contratante puede verse obligado a asumir responsabilidades por los accidentes de personas no legales y no cualificadas que se hacen pasar por jardineros.
AMJA, Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza, está trabajando desde hace años contra el intrusismo laboral en Jardinería acudiendo a diferentes instancias y administraciones públicas: Políticas Activas de Empleo y Agencia de Defensa de la Competencia de la Junta de Andalucía y Dirección Territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo. Desde esta Asociación se han tramitado numerosas denuncias de intrusismo en las diferentes provincias andaluzas para iniciar expedientes sancionadores que se llevarán a cabo con las sanciones correspondientes y que estamos seguros servirán para concienciar a la población del cumplimiento de la legalidad.
AMJA pretende con ello poner en valor la profesionalidad de las empresas de jardinería, dignificar el sector y defender los intereses de las empresas a las que representa en Andalucía.
Por ello venimos difundiendo información al respecto a través de nuestra web y redes sociales con el objeto de concienciar a todos los implicados en el intrusismo y hacer ver los perjuicios de la contratación de incompetentes frente a las ventajas de los profesionales con independencia de las cuestiones legales. “A quien le parece caro un profesional, no sabe lo que cuesta un incompetente” y en este caso la seguridad y la salud están en juego.
