El Convenio Colectivo Estatal de Jardinería 2025-2030 ya ha sido publicado oficialmente en el BOE (30 de enero de 2026), lo que permite su aplicación con plena seguridad jurídica, incluidas las tablas salariales con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.
En los últimos días me llega, en el número 249 de la revista especializada Tecno Garden, un artículo que analiza el sector del paisaje y la jardinería desde una perspectiva claramente optimista, insistiendo en la idea de una mayor unidad, profesionalización y consolidación de cara a los próximos años. En dicho análisis se recogen valoraciones de distintas organizaciones relevantes del ámbito profesional que coinciden en señalar una serie de retos compartidos: la escasez de profesionales cualificados, la competencia de operadores no especializados, la necesidad de un mayor reconocimiento institucional del paisajismo, la revisión normativa; especialmente en lo relativo a la contratación pública, y la estabilidad laboral. Hasta ahí, el diagnóstico es ampliamente compartido. Sin embargo, ya entonces cabía advertir que el verdadero problema no residía tanto en identificar los retos como en desde dónde se interpretaban y, sobre todo, desde dónde se tomaban las decisiones. La reciente publicación del nuevo convenio colectivo estatal de jardinería no hace sino confirmar, de manera empírica y contundente, esa disonancia entre el relato del sector y su realidad productiva. Conviene, por tanto, volver a una pregunta básica que rara vez se formula con honestidad: ¿De qué sector estamos hablando realmente?.
España cuenta, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística, con más de 3,3 millones de empresas activas, de las cuales más del 99 % son pymes y microempresas. Este dato no es accesorio: define la estructura económica del país. La jardinería profesional, clasificada bajo el CNAE 8130 (Actividades de jardinería), reproduce fielmente esta realidad. Se trata de una actividad profundamente atomizada, territorializada y de proximidad. Basta descender al terreno, a cualquier municipio medio, para comprobar que la jardinería no es un sector concentrado en unos pocos operadores, sino un entramado capilar de pequeñas empresas; muchas de ellas microempresas, que prestan servicio diario a ayuntamientos, comunidades, empresas y particulares. Los listados mercantiles publicados por medios económicos especializados reflejan cientos o miles de sociedades con objeto social vinculado a la jardinería. Son una referencia útil, pero incompleta: dejan fuera a autónomos, microestructuras y actividades mixtas que sostienen buena parte del verde cotidiano. Si solo en los registros mercantiles formales ya aparecen miles de empresas, el número real de operadores es necesariamente muy superior.
Aquí aparece el primer problema estructural: el sector real no coincide con el sector que ocupa los espacios de interlocución. La capacidad de influencia no guarda relación con el número de empresas representadas, sino con el tamaño medio y la estructura de quienes negocian. No es casual que en muchos análisis sectoriales se ignore sistemáticamente a organizaciones como la FEEJ (Federación Española de Empresas de Jardinería), que agrupa a un volumen significativo de pymes y que ha mantenido históricamente posiciones críticas frente a modelos de representación dominados por la gran empresa.
La ausencia de estas voces no es anecdótica; es sintomática. Responde a una concepción de la “unidad sectorial” que confunde homogeneidad con consenso y que prefiere un discurso cómodo a una representación fiel. Desde AMJA conocemos bien esta dinámica. Nuestra salida, en su día, de determinados espacios asociativos no obedeció a una falta de compromiso con el sector, sino a la constatación de que la negociación se producía en condiciones estructuralmente desiguales, aceptando sin resistencia soluciones diseñadas desde y para un modelo empresarial que no es el mayoritario. Durante años, este desequilibrio se ha tratado como un problema menor, abordado de forma puntual y en espacios de negociación tan breves como asimétricos. El nuevo convenio colectivo estatal de jardinería, publicado en el BOE a finales de enero de 2026, demuestra que no lo era. Estamos ante un acuerdo que introduce incrementos salariales acumulados muy significativos, con efectos retroactivos, y cuya aplicación inmediata compromete la viabilidad de miles de pequeñas empresas que no han podido provisionar ni repercutir esos costes, especialmente en contratos privados ya firmados. No se trata de una reacción aislada ni corporativista. El Gremi de Jardineria de Catalunya ha alertado públicamente del impacto económico y de la complejidad técnica del acuerdo, convocando foros profesionales de urgencia para analizar su aplicación. La FEEJ ha manifestado su disconformidad señalando la falta de representatividad en la negociación y advirtiendo del riesgo real de cierre de empresas incapaces de asumir subidas de hasta un 25 % acumulado sin posibilidad de repercusión. Incluso sindicatos minoritarios han expresado críticas en determinados contextos territoriales, reconociendo implícitamente que la homogeneización de condiciones no tiene los mismos efectos en todas las realidades productivas.
El problema no es ideológico; es técnico y estructural. Se ha pretendido homogeneizar lo que es, por definición, profundamente heterogéneo. La jardinería pyme opera con estacionalidad, márgenes ajustados, proximidad al cliente y una organización del trabajo muy distinta a la de las grandes corporaciones. Además, lo hace en contextos climáticos, culturales y operativos radicalmente dispares. No es lo mismo mantener un jardín atlántico que uno semiárido, ni gestionar zonas verdes en territorios con abundancia hídrica que en zonas sometidas a estrés permanente de agua. A ello se suma una realidad ineludible: los costes de vida y de estructura empresarial varían enormemente entre territorios, condicionando de forma directa la viabilidad económica de las pequeñas empresas.Las condiciones climáticas, la disponibilidad de recursos, la tipología vegetal, la cultura del jardín y los costes asociados al entorno marcan umbrales económicos y operativos completamente distintos. Pretender que un único marco rígido se adapte por igual a realidades tan diversas no genera cohesión; genera expulsión. En la práctica, esto se traduce en empresas que renuncian a crecer, que fragmentan su actividad o que abandonan contratos por pura inviabilidad. Cuando los marcos normativos se diseñan de espaldas a la estructura real del sector, no corrigen las disfunciones: las desplazan, alimentando problemas como la economía informal y degradando la cultura del trabajo bien hecho.
En el fondo, el debate abierto por el convenio pone sobre la mesa una cuestión que rara vez se formula con claridad: no existe continuidad real entre la jardinería de las grandes corporaciones y la jardinería que practican la mayoría de las pymes. Las primeras operan casi exclusivamente para la Administración, bajo pliegos estandarizados, altas dosis de mecanización y una lógica de ratio y expediente. Las segundas trabajan para comunidades, pequeños municipios y clientes privados, tratan el jardín como un sistema vivo y no como una secuencia de tareas, y sostienen el verde cotidiano con oficio, conocimiento local y vocación. Regular ambas realidades como si fueran equivalentes no es justicia social; es ceguera estructural. Conviene, además, no olvidar una última derivada: los costes de este modelo no desaparecen, se trasladan. Las bajas temerarias, la pérdida de calidad y los reajustes posteriores acaban repercutiendo en la propia Administración local y, en última instancia, en la ciudadanía. El verde urbano pierde capacidad de generar beneficios ecosistémicos reales cuando se reduce a una rutina estandarizada dictada por pliegos y ratios.
Si el sector del verde quiere afrontar con seriedad los desafíos climáticos, sociales y territoriales que ya estamos viviendo; renaturalización urbana, adaptación al cambio climático, mantenimiento de infraestructuras verdes, no puede seguir ignorando a la pyme. No como actor subsidiario, sino como pilar estructural del sistema. La transición ecológica no se ejecuta solo desde grandes contratos; se construye desde la proximidad, el conocimiento del territorio y la continuidad en el mantenimiento.
Durante demasiado tiempo, este problema se ha gestionado como una cuestión secundaria. Hoy es evidente que no lo es. La jardinería no es una abstracción administrativa: es oficio, territorio y vocación. Sin jardineros vocacionales, sin empresas capaces de tratar el jardín como un sistema vivo y no como una secuencia de tareas impuestas, el verde irá perdiendo progresivamente su capacidad de generar valor ambiental, social y económico. Economía verde, en este caso, porque cuando el cuidado del verde se convierte únicamente en expediente, lo que mengua no es solo el margen empresarial: es el valor del verde como bien común y su capacidad de generar beneficios ambientales, sociales y de calidad de vida para la ciudadanía.
Juan Manuel Ruiz Cobos. Presidente de AMJA
